Los empresarios rechazan de forma unánime y contundente los pactos de Sánchez con nacionalistas para la investidura

En este sentido, la resolución del Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE celebrado este lunes concluye advirtiendo, como han hecho los jueces y otras instituciones, «del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo», recordando en este punto que un país son sus instituciones, en este caso, amparadas por la Constitución.

«En segundo lugar, entendemos que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia», continúa la denuncia de la patronal rubricada por todas las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA resumida en cinco puntos concretos.

En tercer lugar, señalan los empresarios «se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo». A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, «una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española», avisan los empleadores sobre los efectos económicos.

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En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE defiende también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

En cuarto lugar, se pone de manifiesto que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, «se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado».

Además, un quinto elemento de preocupación para las empresas españolas es la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso.

Con todo, más allá de las medidas concretas incluidas en los diversos acuerdos políticos para la investidura y el calado que las mismas puedan tener a efectos de la actividad económica, lo que sí se prevé por las declaraciones de los responsables de la cartera de Trabajo del Ejecutivo ahora en funciones es un camino ciertamente espigado para los empresarios en el ámbito del diálogo social.

Entre otras cuestiones, porque el gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones parece decidido recuperar en la próxima legislatura alguno de los puntos conflictivos que quedaron fuera de la negociación de la reforma laboral aprobada en 2021 para precisamente poder aunar un amplio consenso que incluyera tanto a la patronal como a los sindicatos. Así, aunque aún no haya echado a andar el nuevo Gobierno, Yolanda Díaz ya ha expresado su intención de llevar a la mesa de diálogo social una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que desde UGT y CC.OO. se quiere llevar hasta el entorno de los 1.200 euros mensuales, una revisión de la estructura del despido improcedente en España que permita indemnizaciones 'reparativas' y por lo tanto superiores a los actuales 33 días por año trabajado, además de abrir la negociación de una rebaja del límite máximo de horas semanales de trabajo, rebajándolo de las actuales 40 a 37,5 horas.

Este mismo lunes antes de conocerse la contundente respuesta de los empresarios a las últimas maniobras de PSOE y Sumar para la investidura el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, pidió a CEOE que se aparte de «proclamas ideológicas» y «siga trabajando por el bien de su país». «Que se dedique a lo que saben hacer, que es negociar las mejores medidas para mejorar el mercado de trabajo», aseguraba el representante del Ejecutivo afirmando que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, «al igual que el conjunto del Gobierno de España, ha demostrado con creces una capacidad de diálogo con la patronal muy fuerte e intensa».

Sobre este aspecto, desde la patronal mantendrán el pulso en las diversas negociaciones que plantee el Ejecutivo en el diálogo social. «Las empresas españolas, desde nuestro papel constitucional y nuestra responsabilidad como interlocutor social, vamos a seguir trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado».

CEOE asegura que defenderá también estos principios ante las instancias europeas, de la mano de BusinessEurope, organización empresarial europea en la que ostentamos una de las Vicepresidencias, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la que CEOE forma parte, y la organización de pequeñas empresas europeas SMEunited, de la que Cepyme y ATA son miembros.

«El objetivo de todos debe ser preservar la paz social y la convivencia entre todos los españoles dentro de los márgenes constitucionales y, por ello, hacemos un llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés político o económico». concluye el comunicado.